/ Se trata del marco jurídico para desarrollar la compra pública de una manera más ágil, en un momento en que han aumentado las necesidades sociales

/ Se trata del marco jurídico para desarrollar la compra pública de una manera más ágil, en un momento en que han aumentado las necesidades sociales

/ El cierre del sector de servicios ha supuesto una caída de la comercialización de los productos del sector primario de alrededor del 70%

El Consejo de Gobierno ha encargado a la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, y en la de Asuntos Sociales y Deportes que desarrollen y ejecuten las acciones necesarias para adquirir el excedente de productos del sector primario de las Islas Baleares para distribuir -el con fines sociales. Los productos se entregarán a las familias con dificultades económicas, las asociaciones y las entidades sin ánimo de lucro indicadas por la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes. Son competencia de esta conselleria la atención y el apoyo a personas con dependencia, personas con discapacidad, personas de la tercera edad y otros colectivos en situación de riesgo o de necesidad social. El acuerdo aprobado hoy es el marco jurídico de actuación para poder desarrollar la compra pública de alimentos de una manera ágil. A partir de este mecanismo, las cantidades irán determinando en función de las necesidades.

Las gestiones y decisiones sobre la compra de estos excedentes se adoptarán desde la Dirección General de Políticas para la Soberanía Alimentaria, dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación. La ejecución se hará a través de contratos con la empresa pública TRAGSA.

El sector de la hortaliza y la fruta, y el sector lácteo son los que tienen más excedentes. Se comprará producto a productores, cooperativas y sociedades agrarias de transformación (SAT). En el caso de la leche, se comprará a industrias agroalimentarias.

Se trata de una medida excepcional con dos objetivos claros. Por un lado, preservar la actividad del sector primario, favoreciendo la comercialización de sus producciones. Cabe recordar que con la paralización del sector de la hostelería, la restauración y el catering, entre otros, derivada de la Covidien-19, el sector agroalimentario ha perdido alrededor de un 70% de la comercialización de los sus productos. Por otra parte, es una medida más que adopta el Gobierno de las Islas Baleares para mitigar el impacto económico y social en la población de las islas generado por la pandemia actual. Las consecuencias sociales y económicas de la declaración del estado de alarma han hecho aumentar de manera brusca el porcentaje de población vulnerable y en riesgo de exclusión social. La alimentación constituye el primer escalón básico en la protección social de las familias vulnerables.

A la vez, los sectores agrícola, ganadero y pesquero son estratégicamente indispensables para el suministro de alimentos frescos a la población. La producción de alimentos a partir de explotaciones agrarias pequeñas y medianas, distribuidas por toda la geografía balear, resulta indispensable para el mantenimiento del tejido económico y social y para el abastecimiento de alimentos, y debe ser el foco de atención prioritario en la agenda política del Gobierno para afrontar la situación de crisis provocada por la Covidien-19.

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