El texto regula una serie de instrumentos para acelerar la construcción de VPO y facilitar la entrada al mercado de viviendas a precios asequibles

El texto regula una serie de instrumentos para acelerar la construcción de VPO y facilitar la entrada al mercado de viviendas a precios asequibles

La norma introduce sanciones para perseguir la comercialización y la publicidad de ofertas de infravivienda, a fin de evitar abusos

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda con el objetivo de disponer de instrumentos que permitan incrementar el parque de vivienda protegida de gestión pública, facilitar la entrada en el mercado de viviendas en precios asequibles y también hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad.

Actualmente, existe una necesidad generalizada de vivienda en la que el mercado no está dando respuesta. La demanda creciente y los factores distorsionadores del mercado, como el alquiler turístico, han impuesto un incremento de precios, tanto de compraventa como de alquiler, que hacen muy complicado el acceso a la vivienda a las personas con más dificultades y, cada vez Además, en la clase media.

Ante esta situación, una de las acciones estratégicas por las que ha optado el Gobierno es el incremento del parque público de vivienda protegida. En esta línea, se plantea la adopción de medidas extraordinarias para ampliar, de manera rápida y efectiva, la oferta de VPO de alquiler social y fomentar la construcción de alojamientos dotacionales para dar respuesta transitoria a las necesidades habitacionales.

El incremento del parque público de viviendas -en régimen de alquiler y precios legalmente limitados- tendrá como efecto colateral una posible mejora de precios en el mercado de vivienda libre.

Con el fin de aumentar el parque público de vivienda, movilizar vivienda asequible y luchar contra la vulnerabilidad, el Decreto incluye las siguientes medidas:

• Amplía el derecho de tanteo y retracto a favor del Gobierno, por lo que podrá adquirir de forma preferente VPO, suelo y las viviendas implicados en todas las operaciones entre grandes tenedores, siempre que las viviendas procedan de ejecuciones hipotecarias o dación en pago.
• Incorpora más facilidades para construir vivienda dotacional (alojamientos temporales para situaciones de dificultades y para determinados colectivos) para que se podrán construir en suelo destinado a equipamientos.
• Establece nuevas fórmulas para implicar a la iniciativa privada en la construcción de viviendas protegidas. Se incluye la cesión de suelo público a personas físicas o jurídicas para la construcción de vivienda protegida de alquiler con fijación de precios máximos y regreso a la Administración de las viviendas en un plazo de 50 años.
• Define mecanismos para ganar agilidad administrativa. Por ejemplo, el Consejo de Gobierno podrá aprobar la construcción de un proyecto si en dos meses no se ha contestado la petición de licencia.
• Los colegios profesionales colaborarán con la Administración para agilizar la tramitación de las licencias urbanísticas.
• Obliga a los grandes tenedores ofrecer alquiler social antes de iniciar un procedimiento de desahucio.
• Fija un régimen único de VPO con el objetivo de disponer de vivienda más asequible.
• Introduce sanciones para perseguir la publicidad y la comercialización de infraviviendas.

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