La secretaria de Sostenibilidad y Vivienda del PP, Carmen Navarro, ha lamentado la “preocupante” falta de imparcialidad en los criterios presentados en la Conferencia Sectorial de Transición Ecológica para el reparto de fondos en asuntos tan relevantes como el saneamiento y depuración de aguas en municipios de menos de 5.000 habitantes, la gestión de residuos y economía circular y la protección del patrimonio natural y biodiversidad, incluida la gestión forestal.

Los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que llegarán al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico están presupuestados en 6.800 millones de euros solo para 2021, la cantidad más importante de todos los departamentos ministeriales.

Navarro ha recordado que el PP ha venido denunciando la incapacidad de la vicepresidenta Ribera para presentar “una hoja de ruta clara y ordenada” en la ejecución de las políticas que tiene encomendadas. Así, ha reprochado la falta de diálogo y de voluntad política para incorporar a los procesos de toma de decisión a las CCAA, lo que en el caso de los fondos europeos adquiere una especial gravedad puesto que es un requisito exigido por la propia UE.

Junto a ello, ha criticado que en el orden del día de la conferencia sectorial celebrada hoy se hayan incorporado temas que no han sido tratados a nivel técnico previamente y sobre los que no remite documentación alguna.

Navarro también ha señalado que los criterios presentados en la citada reunión “no cuentan con el visto bueno” de las comunidades gobernadas por el PP, que lamentan la falta de información sobre el reparto del conjunto de los fondos de los que va a disponer este ministerio, el calendario de su disponibilidad, datos sobre los que se basan los criterios que se van a adoptar, el impacto sobre el territorio y sobre la cohesión ambiental y territorial del país.

El Grupo Popular en el Congreso ha solicitado la comparecencia de Ribera para que informe de las políticas que quiere llevar a cabo con cargo a los fondos europeos, teniendo en cuenta que son de obligado cumplimiento y que acumula un considerable retraso, así como de los criterios objetivos de reparto entre las distintas CCAA.




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