El Grupo Parlamentario Popular ha registrado varias preguntas parlamentarias y nuevas solicitudes de informes al Gobierno. Con estas iniciativas parlamentarias, pide explicaciones detalladas sobre los criterios del informe de la  Abogacía General del Estado que esgrime la ministra de Hacienda cuando afirma que, por estar en funciones, el Ejecutivo de Sánchez no puede actualizar las entregas a cuenta de régimen común para 2019, y pagar ya a las Comunidades Autónomas las cantidades que les adeuda.

A falta de conocer formalmente el informe emitido por la Abogacía General del Estado, invocado por la ministra de Hacienda para negar la posibilidad del Gobierno en funciones de proceder a la actualización de dichas entregas a cuenta, el GPP considera que el Ejecutivo está inmerso en una “maniobra política con una base argumental insolvente”.

Las iniciativas, firmadas por los portavoces adjuntos de Economía, Mario Garcés, y Constitucional, Carlos Rojas, destacan que no existen argumentos de peso en el plano jurídico para justificar este impedimento, “habida cuenta que la actualización es un procedimiento de ajuste de recursos objetivo, no discrecional y legalmente establecido con anterioridad”. Y, lejos de constituir una nueva orientación política, es la “máxima representación de lo que es el normal y continuo funcionamiento de las relaciones financieras entre el Estado y las Comunidades Autónomas».

De hecho, lo contrario, la falta de libramiento de estos fondos de financiación a las distintas regiones “constituirá una anomalía inaceptable del sistema que sí perturbaría el despacho ordinario de asuntos de las CC.AA.”

PETICIÓN DE NUEVOS INFORMES Y PREGUNTAS AL GOBIERNO

Por todo ello, el GPP ha solicitado, por un lado,  “todos los informes emitidos por todas las unidades dependientes de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, desde que el Gobierno está en funciones en 2019, a petición de cualquier órgano o entidad de la Administración del Estado, que hayan tenido por objeto pedir opinión sobre si los actos, normas o cualesquiera actuaciones a desarrollar por los centros directivos podían llevarse a cabo en el marco de actuación de un Gobierno en funciones”.

Y, por otro, ha preguntado por escrito al Gobierno si existe alguna instrucción, circular o doctrina interna acuñada por la Abogacía General del Estado, más allá de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para perfilar la opinión que se debe emitir en los casos de las iniciativas que puede desarrollar un Gobierno en funciones.

El GPP también ha interpelado al Ejecutivo sobre si considera una práctica habitual que durante prácticamente ocho meses sólo se hayan despachado consultas verbales con la Abogacía, de ser cierta la afirmación de la ministra de Hacienda en contra de los pagos. Y, en caso de serlo, pide si podría indicar los días en que tuvieron lugar esas consultas verbales, quién las formuló y desde que unidad de ese centro directivo se respondieron.

En definitiva, el GPP reclama al Gobierno que dé cuenta a los representantes de la soberanía nacional de los criterios objetivos por los que impide que las Comunidades Autónomas cuenten con los recursos que les corresponden para financiar servicios tan esenciales para el conjunto de los españoles como la sanidad o la educación. Y exige que esas explicaciones se den con urgencia.

 




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