Darias ha afirmado que para contener la pandemia y superar la grave crisis sanitaria, económica y social, no era suficiente con limitarse a ejercer las competencias que cada administración tiene atribuidas, sino que era «fortalecer nuestra capacidad de comunicación, cooperación y colaboración».

Darias, que ha clausurado por vía telemática, junto al consejero de Administraciones Públcias, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez; el viceconsejero de Administraciones Públicas, Alejandro Rodríguez-Oliva, y la directora del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), Eva de Anta, las Jornadas ‘Nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. Ante el reto de su desarrollo en la X Legislatura autonómica 2019-2023’, organizadas por el ICAP, ha afirmado que «la respuesta que dimos desde el Gobierno estuvo a la altura de la gravedad del problema. El presidente reactivó y fortaleció la Conferencia de Presidentes y Presidentas y se convocaron cientos de conferencias sectoriales vinculadas a los diferentes ámbitos de actuación».

En definitiva, ha añadido la ministra, «pusimos en marcha un nuevo modelo de cogobernanza aprovechando todas las posibilidades que nos ofrecía nuestro marco constitucional y nuestro Estado autonómico».

Estatuto de nueva generación

El nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado en 2018, viene a sustituir al primero, aprobado en 1982. Es de los denominados «estatutos de segunda generación», que surgen con un doble objetivo: por un lado, adecuar el contenido a la evolución del autogobierno y a la experiencia acumulada, y en segundo lugar para ampliar las competencias reconocidas en el primer estatuto. «Dos características que se cumplen sobradamente en el nuevo Estatuto de Canarias», ha matizado la ministra.

Darias ha resaltado las palabras que ella misma utilizó en el preámbulo del nuevo Estatuto: «No solo es un excelente soporte jurídico que posibilita caminar juntos hacia un horizonte compartido, sino que es, además, la mejor expresión de un Parlamento a pie de calle, que responde a las demandas de la ciudadanía canaria».

Tal y como ha destacado la ministra de Política Territorial y Función Pública, el Estatuto de Autonomía de Canarias viene a reconocer las aspiraciones de la ciudadanía canaria en relación al reconocimiento de sus singularidades históricas, como son el Régimen Económico y Fiscal (REF), la ultraperificidad como elemento modulador e inspirador del autogobierno, su contribución a la cohesión y a la proyección de Canarias como punto de encuentro entre Europa, Ámerica y África, el reforzamiento de los derechos de ciudadanía, la reafirmación de las islas y sus instituciones insulares y locales y la protección del patrimonio natural del archipiélago.

Darias ha subrayado que el nuevo Estatuto coloca a Canarias en la senda del progreso social; «una senda que tendremos que recorrer juntos y que va a requerir, por parte de toda la sociedad y de sus instituciones, un compromiso serio para lograr la recuperación y la transformación que nos haga mucho más resilientes ante las incertidumbres que el futuro nos depara».

La ministra ha recordado que nuestro Estado cuenta con tres niveles de Administración: estatal, autonómica y local, y con una estructura institucional configurada como una ordenación de redes intergubernamentales horizontales y verticales «estableciendo sistemas multinivel propios de los Estados compuestos, y la política territorial que cada gobierno desarrolla es la que tiene que ir configurando la relación entre los diferentes niveles de decisión», ha afirmado Darias.

Cooperación territorial y acción conjunta

La ministra de Política Territorial y Función Pública ha establecido dos modelos o enfoques contrapuestos: Uno, el modelo de cierre y defensa de los respectivos ámbitos competenciales, con su máximo exponente en la Administración única, es decir, distribución de competencias para que cada Administración haga aquello que le es propio. El otro modelo es la cooperación territorial, basada en el consenso, en la acción conjunta entre todos los niveles de la Administración, compartiendo responsabilidades, y su mejor expresión es el sistema de cogobernanza puesto en marcha para combatir la pandemia

El primer modelo supondría desarrollar una política territorial vigilante y controladora, cuya principal manifestación sería el aumento de la litigiosidad. Y el segundo modelo, basado en la creación de instituciones públicas sólidas e inclusivas, requiere de una política territorial dialogante, con reducción de la litigiosidad y aumentando la colaboración para resolver problemas comunes. Para la ministra, «en esta tesitura histórica, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, y al que tengo el honor de pertenecer, optó claramente por el segundo modelo».

Plan España Puede

La respuesta del Gobierno de España al reto que tenemos que afrontar no es otra que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conocido como el Plan España Puede; un plan, ha destacado, que dada su «relevancia histórica», incidirá también en el futuro del nuevo Estatuto de Autonomía y que constituye también una parte esencial del Plan Reactiva Canarias que ha puesto en marcha el Gobierno de Canarias.

La ministra ha explicado que para recibir apoyo financiero en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), los estados miembros de la Unión Europea deben preparar Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia en los que se establezca el programa de inversiones y reformas para los años 2021-2023.

Los planes deben recoger conjuntos coherentes de reformas y proyectos de inversión pública que, además de abordar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, contribuyen a las transiciones verde y digital y potenciar la creación de empleo.

Según los indicadores, España recibirá aproximadamente 60.000 millones de euros en transferencias no reembolsables y podría acceder a un volumen máximo de 80.000 millones de euros en préstamos. Para acceder a esos fondos extraordinarios, el Gobierno de España ya ha presentado el Plan España Puede, ha indicado Darias, del que colgarán todos los planes elaborados por los gobiernos autonómicos y locales y se estructura en torno a diez políticas palanca, entre ellas, la cuarta: una Administración pública del siglo XXI.

Esta política palanca contará para su desarrollo con «un marco de cooperación institucional en el que podrán participar tanto las administraciones territoriales». Para facilitar esta transformación, el Gobierno de España ha destinado 600 millones de euros, el 95% (570 millones) para CCAA y EELL y el 5% restante (30 millones) directamente al Ministerio para actuaciones como la modernización digital de las herramientas de gestión de recursos humanos, el desarrollo de una plataforma tecnológica para la atención ciudadana o el desarrollo de un programa de atracción del talento digital.

El Plan se ha distribuido por anualidades, de manera que una parte sustancial del esfuerzo financiero se realizará en los dos primeros años, en 2021 y 2022 el 80% del gasto, y el 20% restante para el año 2023, según ha explicado Darias.

El horizonte señala una Administración del siglo XXI y el nuevo Estatuto canario representa una excelente oportunidad, ha señalado la ministra, recuperando sus palabras en el preámbulo del propio Estatuto, de situar a Canarias en el camino hacia una sociedad y unas instituciones que promuevan un desarrollo humano: «En definitiva, este Estatuto puede contribuir activamente a que cualquier persona alcance las capacidades necesarias para lograr una vida digna, una vida mejor».



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